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La Promoción Industrial fue pensada para generar trabajo
y reactivar la economía de las provincias. En San Luis produjo
una explosión en los 80. En esa época se radicaron
2 mil empresas, de las que hoy sólo subsisten 70. Son las
únicas que, por ley, deberían conservar los beneficios
del sistema. Pero, violando las normas, el gobierno provincial sigue
recaudando: promete los mismos privilegios a quienes quieran instalarse
en suelo puntano y a cambio se queda con una "contribución".
Una sola firma basta para garantizar la operatoria y es la del máximo
responsable de la provincia: el gobernador Adolfo Rodríguez
Saá.
En
el 83, cuando fue promulagada la Ley de Promoción Industrial,
San Luis pareció un paraíso. A las empresas, el
Estado no les cobró ni el IVA ni el Impuesto a las Ganacias,
entre otros beneficios. Sin embargo, apenas permanecen 70 empresas
o galpones semivacíos que ofician como depósito.
La
ley tuvo vigencia por 15 años, hasta que un decreto del
ex ministro de Economía Domingo Cavallo en el 96 prorrogó
los beneficios por otros 15 años, sólo para aquellas
empresas que, habiéndose instalado bajo el Régimen
de Promoción Industrial, continuaran produciendo. Sin embargo,
Telenoche Investiga probó que no es así: funcionarios
del Gobierno, bajo la tutela de Rodríguez Saá, implementan
maniobras que vulneran esa norma. Se trata de negocios millonarios
que provocan pérdidas graves para el Tesoro de la Nación.
La
investigación
T.I.
llegó a San Luis simulando ser una consultora con dos clientes
interesados en instalarse en la provincia. El primer encuentro
fue con Gustavo Cerioni, funcionario de la Secretaría de
Pequeña y Mediana Industria de la Presidencia. Entre el
91 y el 97 se había desempeñado como Subsecretario
de Industria, y desde el 97 hasta el 98 como Subsecretario de
Acción Social. Es uno de los ejecutores de la política
de seducción desplegada por Rodríguez Saá
para atraer empresarios y uno de los especialistas en quebrantar
la ley.
Cerioni
le ofreció a T.I. transferir los beneficios de una empresa
que gozaba de Promoción Industrial. Es decir, el equipo
iba a convertirse en propietario de una firma que se había
instalado en San Luis bajo el sistema. Para eso, era imprescindible
que el decreto que se firmara para permitirles gozar de los beneficios
sin el pago de impuestos llevara la fecha en la que Cerioni había
sido funcionario. Violar la ley era la única forma. Y debían
firmar tanto él como el Gobernador.
El
"decreto a medida" tenía un costo. Sobre el cálculo
de las exenciones impositivas que gozaría la empresa en
15 años se sacaba un porcentaje que iría a parar
a la caja del gobierno provincial. Los operadores de Rodríguez
Saá habían aprendido de memoria la operatoria: armar
el mejor negocio para el cliente y cobrarle en función
de ese negocio.
En
total, la gestión de Cerioni valía más de
dos millones de pesos. La idea era vender una empresa beneficiada
con la Promoción Industrial para no pagar impuestos. La
mano de obra era lo de menos: en San Luis, el trabajo de un operario
vale un peso la hora. Es, en realidad, en las "contribuciones"
para la provincia donde están los egresos más importantes:
la habilitación cada siete meses tiene un costo; organizar
un evento o una exposición valen también.
Silvio
Closa ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Industria
y es el apoderado de la empresa que quería vender Cerioni.
Fue el segundo contacto de T.I. y quien dio las garantías
de su gestión para concretar la operación.
En
tanto, Rafael Echenique es escribano de Gobierno. Su oficina está
instalada en el mismo edificio que Cerioni, a pasos de la Gobernación.
Siendo el hombre que Rodríguez Saá elegió
para dar fe a los actos institucionales, ante el interés
de T.I. desplegó un amplio abanico de ofertas. Las instalaciones
fabriles que mostró valían entre 25 y 60 millones.
Esas cifras extraordinarias equivalían al monto que el
supuesto empresario ahorraría en la exención impositiva.
Existe
otro negocio y consiste en permitirle a un empresario cambiar
el rubro de su firma, un beneficio que sólo pudo solicitarse
en el 96. De esta manera, una empresa puede conseguir instalar
otra, aunque sea para otro producto, bajo el mismo Régimen
de Promoción Industrial, duplicando, en este caso, sus
beneficios.
Las
prácticas fraudulentas que engendró este sistema
se siguen, así, desarrollando en terreno oficial: la Casa
de Gobierno de San Luis. Y todas las propuestas deben llevar la
firma del Gobernador, que termina avalando una estrategia para
vulnerar la ley. El dominio de "El Adolfo" o "El
León" en la provincia es absoluto, y el imperio que
construyó en 17 años de gestión, un caso
sin precedentes en la historia argentina, parece inamovible.
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